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El juez belga rechaza entregar los exconsejeros Comín, Serret y Puig por defectos en la euroorden

Golpe judicial a los tribunales españoles. El juez belga ha rechazado este miércoles la entrega a España de los exconsejeros huidos a Bélgica, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig. El tribunal ha escuchado la petición de la fiscalía, que considera que la euroorden no cumple con los requisitos necesarios para su tramitación, según han anunciado el propio Comín y los abogados de la defensa a la salida de su comparecencia. Contra la decisión no cabe recurso, si bien nada impide que la justicia española pueda cursar una nueva euroorden si así lo estima conveniente.

La irregularidad en la que la justicia belga ha argumenta su rechazo se basa en que la euroorden no está sustentada en ninguna orden de detención nacional. Es decir, cuando el juez Llarena emitió una nueva euroorden, la orden nacional en la que esta se apoyaba no se actualizó, lo que ha supuesto que tanto la fiscalía como el juez belga estimen que no estaba vigente. "Un auto de procesamiento no tiene el valor de una orden de detención y, por lo tanto, no puede constituir una base válida para ejecutar una orden de detención europea", afirma el escrito de la fiscalía, al que ha tenido acceso este diario.

El error de forma abre la posibilidad a nuevos escenarios en la situación judicial de todos los huidos. Las euroordenes cursadas por Llarena han sido emitidas conjuntamente para todos los políticos fugados, por lo que los abogados defensores no descartan que Alemania y Reino Unido también pueda detectar problemas similares en los casos de Carles Puigdemont y Clara Ponsatí, si bien Alonso-Cuevillas ha aclarado que dicho escenario no tiene por qué producirse con seguridad.

El ministerio público belga ha cambiado su posición respecto a la del pasado 17 de noviembre. Aquel día, tras analizar la euroorden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, sí se mostró favorable al envío a España de los políticos independentistas. No ha sucedido lo mismo con la orden de entrega del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Los exmiembros del Govern llegaron a la vista separados. Puig fue el más madrugador, lo hizo a las 8.15 horas luciendo una corbata amarilla. Serret llegó media hora después. Y Comín, pasadas las nueve de la mañana. Aguardándoles a la entrada para arroparles antes de la vista estaban los eurodiputados Josep María Terricabras y Jordi Solé (ERC), junto a Ramon Tremosa (PDeCAT). Una hora y media después salían a la entrada del Palacio de Justicia visiblemente satisfechos. Antoni Comín eludió referirse a la oferta del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de incorporarse como conseller a su nuevo Gobierno. En su lugar, lanzó un recado al Tribunal Supremo y al Gobierno español. "Basta ya de abusar del código penal. Basta ya de abusar del sistema de euroórdenes. No está funcionando. No les está sirviendo judicializar la política. El prestigio de la justicia española ante Europa está cayendo gravemente".

Serret (ERC), antaño responsable del área de Agricultura de la Generalitat, y Puig (JxCAT), su homólogo de Cultura en el Govern, están acusados en España de malversación y desobediencia. Mientras que Antoni Comín, exconsejero de Sanidad y miembro de Esquerra Republicana de Catalunya, se enfrenta a los cargos de malversación y rebelión. Este último delito es el que conlleva penas de cárcel más graves, de hasta un máximo de 30 años de prisión.

Los tres políticos independentistas llevaban en libertad sin fianza desde el pasado 6 de abril. Cuando un juez belga decretó que podían quedar libres con varias condiciones: no salir de Bélgica, comunicar una dirección fija, y presentarse ante las autoridades cuando les sea requerido. Dichas medidas cautelares quedan suspendidas, aunque en caso de que alguno de ellos decidiera viajar a otro país europeo existe el riesgo de que la justicia española emita una nueva euroorden en un país donde la legislación sea, al menos sobre el guion, menos favorable para sus intereses judiciales.

El País 16/05/2018

 
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